Por De Bernardis, María Anael y Vilca, Adriana*
El Congreso Provincial sobre discapacidad y salud mental bajo el enfoque de Derechos Humanos, celebrado el pasado 3 de mayo en el Salón de los Espejos de la Universidad Nacional de La Plata, tuvo como uno de los objetivos subrayar la importancia de la escucha de las personas con discapacidad y de la interseccionalidad en el modelo social de la discapacidad que nos rige.
El encuentro comenzó con un cálido acto de apertura en cabeza de los Dres. Julio Conte Grand, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Soria, Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Mg. Martín Aníbal López Armengol, Rector de la UNLP, Dra. Marcela Ruiz, Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, y la función judicial, Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Mabel Cardoni, Presidente del Colegio de Magistrados de La Plata, Dra. Rosario Sánchez y el Dr. Claudio Santagati, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Los ejes del debate incluyeron el acceso a la justicia, salud, derechos sexuales y reproductivos.
El primer ciclo de exposiciones se dedicó a hablar sobre “Lenguaje claro, barreras y accesibilidad”; comenzando la Dra. Carolina Santi, curadora general del MPBA, por medio de comentarios de distintos fallos (“P.M.P S/ DISPENSA PARA CONTRAER MATRIMONIO” y “C.M S/DETERMINACIÒN DE LA CAPACIDAD JURIDICA”) en donde se evidencia la necesidad de abordaje con perspectiva de discapacidad y lo esencial de que las personas puedan manifestarse sobre las cuestiones que los involucren quedando en cabeza de la sociedad la carga de remover los obstáculos que impidan su accesibilidad.
Seguidamente, la Dra. Claudia Portillo, directora del DNRUA, destaco el rol de la interseccionalidad amparado en el art. 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; como así también el derecho a equivocarse de las personas involucradas (dignidad del riesgo”), destacando la importancia de la escucha activa conforme a las particularidades de cada uno.
Continuando la Dra. María José, responsable de la unidad de Asesoramiento, coordinación y seguimiento jurídico de la Procuración General, nos adentró a la importancia de la inclusión a nivel educativo.
Así, cerrando el primer panel, el ministro Dr. Daniel Soria expuso en relación al lenguaje claro, estableciendo que se debe abandonar la imagen de antaño de la justicia, a los fines de lograr mayor accesibilidad para las personas involucradas.
El segundo panel versó sobre “Derecho a la salud. Acceso a la justicia. Ejercicio de Derechos sexuales, no reproductivos y maternidad”. Inaugurando el mismo, la Dra. Silvia Fernández, Asesora de incapaces del Dpto. Judicial de Mar del Plata, brindo el marco convencional y constitucionalidad otorgado a la interseccionalidad y la perspectiva de esta, que nos permite desnudar y deconstruir distintos niveles de discriminación.
Seguidamente expuso el Dr. Gustavo Spacarotel, Juez de Cámara del Fuero Contencioso Administrativo, quien nos nutrió sobre las acciones necesarias para efectivizar el derecho a la justicia de las personas con discapacidad, dejándonos el interrogante, a través de la exposición de diversos antecedentes jurisprudenciales, con relación a cuál es el límite del Poder Judicial a la hora de tomar medidas que modifiquen las medidas presupuestarias del Estado.
Acercándonos al final del panel, tomó la palabra la Dra. Lorena Sarquis, Curadora Oficial del Dpto. Judicial de Junín, resaltando la necesidad de implementar las perspectivas de género, infancia y discapacidad cada vez que amerite y de manera conjunta, sin ser excluyente la una de otra, enfatizando la interseccionalidad de distintos ejes normativos; como así también la incompatibilidad del modelo médico con el de discapacidad.
Para finalizar el panel, la Dra. Hilda Kogan, ministra de la SCJBA, nos recordó el carácter personalísimo de los derechos sexuales reproductivos, por lo cual son las personas involucradas, aunque presenten una discapacidad, las únicas que pueden tomar decisiones al respecto; resaltando la importancia de la escucha activa con los ajustes razonables necesarios.
El tercer panel se refirió a “Salud Mental, medidas de seguridad e intersectorialidad”. Este tuvo su apertura con la disertación del Dr. Caniel Carral, Juez del tribunal de casación de la Prov. de Bs. As., quien resaltó el gran avance del Código Civil y Comercial de la Nacional en materia de salud mental sobre el Código Penal y la necesidad de una modificación de este último, por encontrarse en la actualidad en conflicto el derecho penal con la Ley de Salud Mental y todo el modelo social de la discapacidad.
Luego el Dr. Nahuel Berguir, Secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, expuso los programas vigentes en su jurisdicción tanto para los menores de edad como para los mayores con consumo problemático y en contradicción con la ley.
Por último, la Dra. Sofia Sesin Lettieri, abogada de la Subsecretaria de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud, nos adentró a la situación de las personas con discapacidad en el marco de una medida de salud mental y las estrategias desplegadas para aquellos casos.
Aproximándonos al final del encuentro, el cuarto panel versó sobre los “avances y desafíos en los procesos sobre capacidad jurídica e internaciones por salud mental”, dando comienzo al mismo la Dra. Marisa Herrera, investigadora del Conicet, invitándonos a “repensar los procesos judiciales en Salud Mental”, resaltando la necesidad de modificar el Código de procedimientos que en la actualidad nos rige, encontrando la base para su actualización en el Código Civil y Comercial de la Nación, y así lograr que el primero se ajuste al enfoque intersectorial de derechos humanos.
Seguidamente, la Dra. Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del ORN (Órgano de Revisión Nacional), presentó los “estándares de derechos humanos en los procesos de internación de salud mental”, invitándonos a analizar las internaciones voluntarias para así llegar a las involuntarias, resaltando la necesidad de siempre establecer los ajustes racionales para la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Cerrando el panel, el Dr. Ezequiel Mercurio, psiquiatra perteneciente al grupo de trabajo de la Defensoría General de la Nación, nos sumerge en las “internaciones por salud mental y espacios sanitarios” poniendo especial énfasis en el consentimiento informado requerido en las mismas, y la necesidad de que sea la persona con discapacidad quien lo preste, por ser un derecho personalísimo, el que no podría ser otorgado por un tercero. A través de un caso práctico expuso las tensiones existentes entre la medicina, la bioética y la disciplina jurídica en temas como la competencia para la toma de decisiones en salud, su representación, y la construcción de la voluntad cuando el proceso de consentimiento informado no puede ser llevado adelante por la persona que padece una afectación determinada y debe ser llevada adelante por terceras personas, resaltando que los estándares internacionales de derechos humanos más actuales y la legislación local brindan preeminencia a la autonomía de la persona por sobre el interés superior.
Para clausurar el congreso, el quinto panel expuso los “aportes de instituciones y de la Comisión de discapacidad y salud mental”, dando comienzo el mismo con un trailer de la película “Los Fuegos internos” producida por Laura Lago, quien se encontraba en el panel y expuso su experiencia al filmarla; y finalizándolo Marcela Mendez y Juliana Cabeza coordinadoras de la “Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos -Tejiendo lazos para la transformación”.
*Dra. Anael De Bernardis, secretaria en Asesoría Tutelar N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, miembro de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Comisión de funcionarios de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora. *Dra. Adriana Vilca, secretaria en Asesoría Tutelar N°4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, miembro de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Comisión de funcionarios de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora.
